Si bien en los primeros días el gobierno nacional ha hecho valiosos esfuerzos fiscales tomando medidas en la dirección correcta a través de la eliminación de los derechos de exportación (salvo en soja que está gravada con el 30% del precio internacional) a través del decreto 133/2015 y la reciente resolución conjunta 4/2015 que deja sin efecto a los ROEs (resolución 543/2008), volviendo al sistema de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, vemos con preocupación la continuidad de las distorsiones en el mercado de granos de Argentina, lo que genera descuentos de precios a los productores, atentando contra la necesaria normalización de los mercados, poniendo en riesgo el éxito de las medidas adoptadas.

En el caso de trigo (en particular el trigo Cámara), los compradores ofrecen 130 dólares por tonelada cuando podrían estar pagando al menos 160 dólares, lo que representa una quita del 20%.

En el caso del girasol, continúan los problemas históricos de formación de precios castigando a los productores girasoleros. Los compradores de girasol (o la industria) ofrecen 260 dólares por tonelada cuando podrían pagar al menos 330 dólares, lo que implica (por falta de competencia) que el precio que recibe el productor sea un 20% inferior.

Los productores podrían considerar como alternativa al momento de comercializar la opción de no entregar a fijar el girasol, para poder negociar en mejores condiciones. En este sentido el productor debe saber que una vez entregado a fijar el girasol, las fábricas le seguirán fijando el precio sin posibilidades de negociación.

Siendo de público conocimiento las irregularidades arriba planteadas, llama la atención declaraciones de funcionarios que sostienen “la necesidad de concentrar la demanda”, sabiendo que estas han sido medidas que han beneficiado a los compradores de trigo y que no ayudarán al éxito de las políticas implementadas, generando mayor incertidumbre y manteniendo los privilegios en los compradores. Es incomprensible que se restrinja la exportación a través de limitar el plazo a solo 45 días para declarar las exportaciones de trigo para proteger a la molinería argentina, sabiendo que existen instrumentos, como los mercados de futuros, donde puede asegurarse la mercadería a lo largo del año.

Por último se manifiestan problemas en la descarga en los puertos, en particular en cebada, lo que dificultaría el cumplimiento de los contratos pactados con anterioridad, con demoras en los plazos de cobro, lo que trae aparejado implícito un costo financiero extra para el productor. Es necesario, por lo tanto, la adopción de medidas que busquen eficientizar la logística y reduzcan los costos financieros.