El 11 de marzo se cumplieron doce años de la implementación de la Resolución 125, que establecía un esquema de derechos de exportación móviles para la soja con fines confiscatorios. Esta medida coronaba una serie de aumentos de retenciones de los principales productos agropecuarios en los meses previos, que se sumaban a un conjunto de obstáculos y prohibiciones a las exportaciones. Todo ello se daba en un contexto de precios internacionales mucho más altos que los actuales, que no pudo aprovecharse, y que le hubiera permitido a los productores y al país generar una situación mucho más favorable. Se trató, sin dudas, de una oportunidad perdida.

Esta voraz e inconstitucional medida tomada por el Poder Ejecutivo en 2008, estuvo acompañada por una escalada verbal y discursiva en la que se identificaba al sector agropecuario como enemigo a vencer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los productores con expresiones degradantes. Y a doce años de este conflicto, resulta imperativo reflexionar para no repetir la historia.
Muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico. En un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable. Nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequía que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos, hacen que se ponga en riesgo no solo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos.
Es necesario establecer alternativas y no volver a desatar esa escalada verbal, pues este fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas.
Los argentinos ven al campo como una parte indivisible de su identidad nacional. Cuando se maltrataba a los productores agropecuarios en 2008, se castigaba a todos los argentinos por igual. Prueba de ello fueron los actos masivos y populares de Rosario y del Monumento de los Españoles de aquel año, en los que confluyeron por igual productores de todo el país y ciudadanos y habitantes de zonas urbanas y suburbanas que sintieron, al igual que nosotros, que se estaba cometiendo una enorme injusticia.
Es por eso que, al cumplirse doce años de aquel conflicto, vale la pena plantearse otros caminos para no repetir una historia que nos perjudicó a todos, concluye el comunicado de las cuatro entidades del campo.
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