El proyecto de impuesto a la renta inesperada anunciado por el Ejecutivo pretende obtener fondos provenientes, en principio, de grandes empresas exportadoras, ganadoras de renta «extraordinaria» por la suba de precios internacionales por la guerra de Ucrania-Rusia, para financiar un bono destinado a población vulnerable, en un contexto de alta inflación que la política económica no soluciona, y genera más pobreza, señala CRA en un duro comunicado.

En lo político, no queda claro el camino que se seguirá. El Ejecutivo insiste con medidas incongruentes que no llevan a la salida de la crisis económico social. El proyecto de ley debe ingresar en la Cámara de Diputados, tal lo establece la Constitución Nacional, donde el gobierno no tiene mayoría propia.

Desde el punto de vista fiscal, el proyecto genera un aumento del déficit fiscal, porque incrementa el gasto público en 2022, y si lo aprobara, se lograría un aumento de recaudación en 2023. Si hubiera anticipos en 2022 (como en el impuesto a las Ganancias), se neutralizaría este problema, en parte, pero no queda clara la legalidad. Al respecto, claramente hay una triple imposición, con el Impuesto a las Ganancias y con los DEX, que el fisco ya recauda directamente, tomando la suba de precios internacionales automáticamente.

No queda claro cómo se determinará la ganancia «inesperada», sobre la base de una comparación entre lo generado en 2022 y lo logrado en 2021.

El impuesto lo van a pagar los productores: las empresas agroexportadoras lo van a trasladar en el precio a pagar. El proyecto tampoco considera que la guerra encareció los costos de producción, al aumenta los precios de insumos, fertilizantes y combustibles.

El proyecto del impuesto a la renta inesperada tiene aspectos adicionales: siembra un antecedente similar a los DEX móviles de 2008, porque pretende gravar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos.

Los $ 250.000 M a recaudar informados por el Ejecutivo, hoy representan USD 2.101, al tipo de cambio oficial de la fecha. Si se considera la recaudación por DEX por sectores de 2021 (estimada, a falta de datos oficiales), y su alícuota promedio estimada para sectores agroalimentarios, minería e hidrocarburos, se tiene que las cadenas agroindustriales aportarían con este nuevo impuesto adicionalmente USD 1.941 M, de los USD 2.101 M. Esto implica, en una estimación que relaciona el nuevo aporte tributario con lo que sería su equivalente en incremento de alícuotas de derechos de exportación, subas significativas de las alícuotas. Es similar a las retenciones móviles.

En definitiva, es claro que hay triple imposición, ilegalidad, y que las empresas exportadoras van a trasladar el impuesto a los productores. Además, se condiciona aún más el escenario 2023/24: se desincentiva la siembra de trigo y maíz, y el uso de fertilizantes. Todo conduce a menores exportaciones, mayores problemas cambiarios y económicos.