El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, extendió hasta principios de marzo próximo el plazo para fijar una nueva estructura de precios para el bioetanol producido a partir de maíz o de caña de azúcar. Ese combustible renovable se utiliza para el corte obligatorio del 12% en todas las naftas vendidas dentro del país.

Mediante la Resolución 5-E/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, la cartera de Energía estableció esta prórroga de un mes, ya que originalmente los nuevos precios iban a regir desde el 1° de febrero próximo. La prórroga surgió a pedido de los propios fabricantes del biocombustible, que «manifestaron la imposibilidad de dar cumplimiento con los plazos establecidos».

Tanto los ingenios azucareros del norte como las grandes fábricas que en Córdoba transforman el maíz en bioetanol, tenían que presentar su estructura de costos de producción por estos días, para que las autoridades de Energía pudieran fijar un precio conveniente para el corte obligatorio a partir de febrero.

A partir de la nueva resolución, todo se corre un mes: los fabricantes de bioetanol ahora disponen de tiempo hasta el 14 de febrero, y los nuevos valores regirían desde el 1° de marzo.

Con este mecanismo que vincula los precios que pagan las petroleras por el bioetanol con la estructura real de costos de los fabricantes locales de ese combustible renovable, el Gobierno intenta zanjar las diferencias que surgieron en octubre pasado, cuando se impuso una fuerte rebaja de los valores que favorecía a los compradores y perjudicaba a los elaboradores.

En el caso de los ingenios azucareros, por ejemplo, originalmente se había establecido que la rebaja de precios iba a ser de un 29% en total y que se iba a aplicar en dos partes: 15% desde noviembre de 2017 y 14% a partir de febrero.

Pero luego de las quejas del sector, Aranguren aceptó descontar sólo 7,5% en una primera etapa, y lanzar esta revisión teniendo en cuenta los costos de las compañías.

La nueva resolución establece además de esta pequeña prórroga que las empresas que elaboren el biocombustible deberán presentar antes del 30 de junio próximo una serie de datos sobre su estructura de costos, con la documentación de respaldo correspondiente, para efectuar una nueva revisión de los precios del producto cerca de mediados de año.