Agricultura dará libre disponibilidad para que se pueda exportar el 60% de la cosecha. Tras la reelección de la presidenta Cristina Kirchner, y luego de tres años de fuertes controles, el Gobierno acaba de dar una señal al campo de que aceptará mejorar el sistema de comercialización en trigo y maíz, hoy fuertemente distorsionado.
Ayer, en un nuevo gesto político a las cooperativas, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó las oficinas de Agricultores Federados Argentinos (AFA) -cooperativa vinculada con socios de Federación Agraria Argentina- en Rosario y fue con una noticia: impulsará su propuesta que introduce cambios en el actual sistema de cuotas para exportar. Hasta ahora, sólo se permiten las ventas externas en la medida que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, va definiendo cupos exportables. Con ese esquema, no hay una competencia genuina entre los compradores, y los productores no cobran lo que deberían percibir. En cambio, el nuevo sistema, que Agricultura llevará a la práctica, según confirmó a La Nacion el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, divide el mercado interno y el de exportación, propone cubrir con un 40% de la cosecha el primero y luego darle libre disponibilidad para su venta al exterior al 60% restante de la producción.
Los exportadores ya no tendrán que esperar a que se abran los cupos, sino que podrán competir directamente por ese porcentaje. Si bien no habrá una disputa por el 100% de la mercadería, le dará más competencia al mercado. Para poder exportar, los compradores deberán tener un certificado que tendrán los productores y es el que declara la libre disponibilidad por el 60% de la producción disponible. Ese certificado lo otorgará la AFIP al productor, contra la declaración de su cosecha, ya sea que la guarde en el campo o la entregue a acopios o cooperativas. Si bien no se eliminan los ROE, ya que los exportadores momentáneamente los deberán seguir solicitando, ahora primero tendrán que poseer el certificado que les transferirán los productores. Como hay zonas trigueras que, por su calidad, suelen tener más mercadería para exportar que para el mercado interno, en una mesa de comercialización, que funcionará en Agricultura, se definirán los montos que tendrán destino interno o externo. Será una comisión vinculante en la que además de funcionarios estarán corredores de cereales, acopiadores, las bolsas y representantes de la producción.
Según Solís, la Presidenta ya tiene conocimiento de esta propuesta y «la ve con buenos ojos». Adelantó que el objetivo es ponerla en práctica a partir de la próxima campaña, es decir, la cosecha de trigo que empezará en la zona núcleo a fines de noviembre y con el maíz que se recolectará en marzo y abril próximos. «El objetivo de esto es que quede el volumen que sea necesario para el mercado interno», dijo Solís. Debido a que aún hay trigo y maíz sin vender de la cosecha pasada, el funcionario anticipó que se hará «una prueba piloto» con la mercadería «remanente». Se estima que sólo en trigo hay tres millones de toneladas que los productores no pueden comercializar. Con «la prueba piloto», un millón remanente quedaría para el mercado interno y las otras dos se exportarían. El funcionario indicó que hablará con Moreno para avanzar en la definición de ciertos aspectos del nuevo programa. En tanto, Domínguez volvió a calificar a las cooperativas de «aliadas estratégicas de este modelo de producción nacional» y señaló que con el nuevo esquema, se busca que «alcancen el 33% en la comercialización de granos». Gualberto Di Camilo, gerente general de AFA, dijo: «El Gobierno tomó como propio esto para que se aplique en la nueva campaña y en el remanente».
Fernando Bertello (La Nación)
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