La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifiestó su rechazo a la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en al proyecto de reforma de Bienes Personales que será tratada en la Cámara de Diputados. Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original.

Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra. Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33%, incluidas en el proyecto de presupuesto, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador.

Resulta paradójico que en un momento en el que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país desde el sector público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores.

Al mismo tiempo, el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto.

Antes de continuar exigiéndole al campo esfuerzos extraordinarios, el sector público debería dar señales concretas y palpables de estar verdaderamente dispuesto a recortar sus costos.