Mediante un decreto, la Presidenta anuló el traspaso del terreno del Estado a la Sociedad Rural Argentina que le había vendido en 1991. La medida fue tomada a través del decreto 2552, que revocó lo dispuesto en el 2699 del año ‘91 por el que se le vendió a la SRA ese predio a un precio equivalente a 30 millones de dólares.

La SRA es dueña de la mitad de los derechos de usufructo del inmueble, y señaló que “la medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”.

También agrega que “esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular”.

Según se señaló, la entidad hará las presentaciones ante la justicia para frenar la decisión administrativa promovida a partir del decreto firmado por la presidenta.