Tras deliberar en Rosario el viernes 13 de abril, el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina cuestionó fuertemente la política económica y el modelo agropecuario del gobierno nacional. Luego de analizar la situación de los productores en los distintos rincones del país, se llegó al diagnóstico de que la crisis del sector se está profundizando. Se está llegando al final de la cosecha gruesa con resultados magros en muchísimas regiones. El faltante de maíz o de soja comienza a impactar en la economía real de los chacareros, el comercio y la industria en distintas zonas. Esto agrava aún más el problema de pérdida de competitividad de la economía nacional, que la FAA viene señalando hace tiempo.
En el noreste argentino, una de las regiones más castigadas por la sequía y los altísimos costos de insumos, hay cientos de productores que ven dificultades para continuar la actividad por el aumento de fletes. La región del NOA padece una situación similar. En Cuyo, los representantes de la actividad frutícola y vitivinícola de menor escala, están en situación de quebranto. Ante la situación climática de la actual campaña, con pérdida de rendimiento en todo el país, hubo nula asistencia estatal, pese a las promesas que había realizado oportunamente el Ministerio de Agricultura en la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que están incumplidas en su mayoría.
Los problemas de caja del gobierno nacional se convierten en ajuste para millones de argentinos. Esta es la llamada ‘sintonía fina’ que aplica la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato. En el interior, la inflación y la desaceleración económica son problemas cada vez más evidentes. Para llegar a pagar salarios y hacer obras de infraestructura hay gobiernos provinciales que pretenden imponer aumentos de hasta el 600 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, castigando sobre todo al productor de escala más chica. Desde la Federación Agraria Argentina decimos que vamos a resistir como entidad a esta política de ajuste.
Nos preocupa además el deterioro de la calidad institucional por el llamado “Boudougate”, las manipulaciones a la Justicia y el camino de impunidad que asoma en el horizonte de esa irregularidad. Si a esto le agregamos los mensajes de intento oficial de imponer un techo salarial al ingreso de los trabajadores, vemos un escenario preocupante para los pequeños y medianos productores, que dependemos del mercado interno.
En las últimas semanas, hubo una intensa acción gremial en varias regiones del país por los intentos de aumentar el impuesto inmobiliario rural. La suba de costos e insumos afecta la competitividad y pone en riesgo la viabilidad del pequeño y mediano productor. Es factible en este marco que se profundicen los conflictos, como los que han protagonizado en los últimos días los yerbateros y los tamberos.
Los tiempos se acortan y el gobierno nacional no debería dejar pasar la oportunidad de dar un giro razonable a sus políticas, con el fin de procurar soluciones e intentar consensos. De lo contrario, con una actitud cerrada, el escenario de la protesta agropecuaria empieza a emerger en el horizonte.
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