La lechería argentina tiene más de 100 años de desarrollo; pero aún no ha logrado formalizar la relación comercial entre la industria y los tamberos. Mientras la producción terminará el año como lo viene haciendo en la última década, estancada en un volumen de alrededor de 10.500 millones de litros, los dos principales eslabones de la cadena siguen sin poner en práctica un mecanismo transaccional que satisfaga a ambas partes.

Para los tamberos, la leche no se puede someter a un contrato de compraventa, porque no se trata de un producto que se pueda guardar, como, por ejemplo, los granos o los novillos. Debido a su característica perecedera, consideran que esa no es la figura legal más adecuada. De ahí la queja permanente de que es la industria la que fija en forma unilateral el precio de la materia prima.

En mayo pasado, en el marco de la mesa de competitividad láctea, productores e industriales acordaron en los papeles una relación más equitativa y decidieron que el contrato de suministro era la mejor figura legal para definir la comercialización de la leche.

Previsto en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el contrato de suministro, según lo define el artículo 1.176, es el vínculo por el cual el suministrante (en este caso, el productor lechero) se obliga a entregar bienes (leche), en forma periódica o continuada, y el suministrado (industria), a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.

Según sus precursores, la relación comercial queda protegida por un contrato que estipula un precio para un bien definido que puede ser “determinado” (por el tiempo que dure el contrato) o “determinable” en función “de otra cosa cierta”, que podría ser la referencia que aporta el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea).

Sin embargo, el acuerdo rubricado en mayo dejó la puerta abierta para que se convirtiera en sólo una buena intención. Su implementación queda librada a la “autonomía de voluntad” entre las partes para determinar precios, plazos, calidad u otros aspectos del intercambio.

Esta condición, que figura en forma explícita en el documento de la mesa lechera, es la que hoy impide que se formalice la nueva relación comercial.

Posiciones

Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación aseguran que el Siglea aporta la información necesaria para la determinación del precio y que son los privados (productores e industria) los que deben ponerse de acuerdo en la figura transaccional.

Desde la producción, por su parte, consideran que es el Estado el que debe hacer que se cumpla con lo dispuesto en el Código Civil. Y hay industrias que no confían en que el contrato de suministro pueda ser cumplido por los productores, teniendo en cuenta las oscilaciones que tiene la producción de leche a lo largo del año.

En septiembre, el precio promedio de la leche informado por el Siglea fue de 15,72 pesos por litro, lo que representa un aumento del 98,4 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, desde la producción se ha comenzado a objetar la consistencia de este indicador oficial.

En definitiva, toda relación basa su existencia en la confianza, un valor que en la lechería está todavía lejos de construirse