Buenos Aires y Córdoba prevén un aumento de 27 y 69%, respectivamente, en el inmobiliario para el 2012. Estas subas llegan en un momento de bajos precios de los granos y trabas para vender el trigo y el maíz, y ahora el ajuste también le toca al campo.

En ambos casos, esos incrementos están contemplados en los presupuestos provinciales, y ya levantaron polvareda entre los productores, que no sólo cuestionan los aumentos sino también no haber sido llamados a una mesa de negociación previa con las autoridades.

«Antes nos llamaban», dijo a La Nacion Néstor Roulet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en la provincia de Córdoba. «Lamentamos las actitudes de no conversar», coincidió Guillermo Giannasi, vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina (FAA) y uno de los máximos referentes de la entidad para la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Córdoba, allí existe un tributo territorial a la tierra que se paga en febrero y que está formado por otros cuatro componentes: el impuesto inmobiliario rural, el fondo agropecuario, un fondo de mantenimiento de la Red Firme Natural y un fondo rural para infraestructura y gasoductos.

La sumatoria de todos estos componentes da para 2012 una suba del 69%, según precisó el presidente de Cartez. El tema ya se encuentra en la Legislatura provincial y podría tener un tratamiento durante esta semana.

Según Roulet, si se aprueba en 2012, la producción cordobesa deberá desembolsar por este tributo 210 millones de pesos más que durante 2011. En concreto, de 304 millones pasará a 514 millones de pesos, en números totales.

Así, el peronista José Manuel de la Sota podrá asumir su mandato con un mayor caudal de fondos aportados por el campo.

Dentro de los componentes del tributo, el que tendrá mayor impacto será el del fondo rural para infraestructura y gasoductos. Allí tendrán que pagar 192 millones de pesos más que en 2011, o un 345 % más.

Roulet dio un ejemplo de la presión tributaria en Córdoba. Según sus cálculos, un campo sojero que pagaba 13,65 pesos por hectárea en 2002 ahora ya estará en 131,8 pesos, con una suba acumulada del 860 %.

A todo esto, en Buenos Aires el gobernador Daniel Scioli no se queda atrás. Según precisó Giannasi, envió un proyecto a la Legislatura provincial con un aumento en el impuesto inmobiliario rural de un 27% para todas las zonas productivas de la provincia.

«El gobierno no nos consultó en ningún momento. El año pasado tuvimos una reunión, pero éste no. Y ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores han llamado. Esto va a ser perjudicial para los pequeños y medianos productores. Es una voracidad fiscal», comentó Giannasi a La Nacion. El dirigente rural advirtió que podrían haber «reacciones de los productores» ante este proyecto de aumento.

En líneas generales, a los productores estas iniciativas provinciales les llega en un contexto de baja de los precios agrícolas, dificultades para vender en trigo y maíz por las trabas oficiales y suba de costos en los insumos.

Giannasi indicó que rechazan también el proyecto para cobrar el 30% del tributo a los partidos que se encuentran en el sudoeste bonaerense y que vienen de varios años de sequía. Allí el plan de Scioli es recaudar un 30% en los distritos exentos.

En Buenos Aires los productores también se oponen a una suba de 100% del tributo a los ingresos brutos, que «pasaría a pagar del 1 al 2% de todas las ventas al por mayor de las materias primas agrícolas», según denunció FAA.

El gobierno provincial también estaría buscando cambiar la situación impositiva de las cooperativas, que estarían gravadas con ingresos brutos.

En Santa Fe, por ahora, no se está hablando de subas en el inmobiliario rural.

«El que pagaba 13 pesos por hectárea en 2002, ahora pagará $131», señaló Néstor Roulet, Presidente de CARTEZ, a La Nación.