Con la entrega de un documento en el que señalan su impacto negativo, las entidades de productores por cultivos intentan que los legisladores voten en contra de la norma;

«Señores, voten en contra de la nueva ley de abastecimiento», fue el pedido, casi desesperado, que les hicieron los representantes de las cadenas de valor de los principales cultivos del país a los diputados de la Nación, que hoy podrían convertir en ley el proyecto del oficialismo.

Ayer, los integrantes de las cadenas de valor, que reúnen a productores, industriales y exportadores, fueron al Congreso y repartieron a todos los diputados, sean del partido gobernante o de la oposición, un documento en el que les pidieron «que respeten la Constitución y que se abstengan de avanzar con este proyecto», según dijo después Luis Arias, presidente de la Asociación Argentina del Girasol (Asagir).

Arias habló durante una conferencia de prensa realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acompañado por sus pares de la Asociación Argentina del Trigo (Argentrigo), Matías Ferreccio; de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, y del vicepresidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentinos (Maizar), Alberto Morelli.

«Solicitamos a los diputados que rechacen la pretensión del Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley que atenta contra la propiedad privada, la libertad de comercio y la libertad de trabajo, todos principios establecidos en nuestra Constitución, que impactará negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social», dijo por su parte Rodolfo Rossi.

Las entidades reflejaron en el escrito entregado en el Congreso el análisis que realizaron del proyecto del kirchnerismo desde tres ópticas. La primera es el marco regulatorio, sobre el cual Morelli señaló que la pretensión del Gobierno «convierte en letra muerta dos principios fundamentales establecidos en la Constitución y en la de todas las democracias de Occidente: el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio».

Como segundo aspecto, se consideró el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales, que verían limitadas sus capacidades, «con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social», señaló Arias.

Por último, las entidades consideraron las ideas que se intenta instalar en la sociedad «y una de las más negativas es que el comercio es una actividad que no genera valor, sino que se apropia del valor generado por otros y por ello debe ser limitado y dominado por un funcionario», señaló Ferreccio.

El presidente de Argentrigo señaló que «también es errado pensar que la fijación de precios por parte de un funcionario es más eficiente que la formación de precios en un mercado con transparencia y competencia».

Consultados acerca de la posibilidad de que las cadenas adopten alguna medida de fuerza, los dirigentes se diferenciaron de las entidades gremiales, que sí pueden disponerlas. «Pero ante un avance sobre las libertades, ya sea de producción o comercialización, cada uno de nuestros consejos directivos lo analizará», dijo Arias.

Sobre la posibilidad de presentar en la Justicia la inconstitucionalidad de la norma, el director ejecutivo de Maizar, Martín Fraguío, dijo que no querían adelantar etapas. «Primero esperaremos el resultado de la gestión legislativa», señaló.

Por último, Rossi reconoció que si bien las eventuales confiscaciones por parte del Gobierno son uno de los principales temores del sector, no cree que sean la principal consecuencia directa de la ley, como sí lo será su efecto negativo en la inversión y en puestos de trabajo.

CARTEZ