Autoridades del INTA y del ministerio de Desarrollo Social participaron de un encuentro binacional junto a sus pares brasileños. Las políticas de intervención territorial, inclusión económica y seguridad alimentaria fueron el eje de la jornada.

Articulación: fue tal vez el concepto clave. Con reiteradas menciones, esta palabra se oyó en boca de diversos funcionarios argentinos y brasileños durante una jornada que reunió a exponentes del desarrollo rural de ambos países. Así, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el encuentro Diálogo estratégico sobre políticas sociales para el desarrollo sostenible reforzó la cooperación binacional impulsada desde los ministerios de agricultura y desarrollo social de Argentina y Brasil.

En ese marco, el coordinador nacional de Transferencia y Extensión del INTA –Diego Ramilo– participó de un panel sobre políticas de seguridad alimentaria y nutricional en Argentina y Brasil, en el que también expusieron la subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) –Ana Volpato–, el secretario nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil –Caio Rocha– y una representante de la subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.

“El 2016 fue el año del rediseño y la resignificación del ProHuerta, que hoy triplicó su presupuesto y pudo invertir más de $154 millones en diversos proyectos de desarrollo rural”, expresó Ramilo, quien hizo un repaso de la historia del programa que llevan adelante el MDS y el INTA. Con 27 años cumplidos y 2,8 millones de beneficiarios en todo el país, ProHuerta renovó sus objetivos: “Para este nuevo período, tenemos como meta aumentar un 20 % el número de familias involucradas y queremos llegar a 180 proyectos de acceso al agua para beneficiar a más de 11.300 familias”, dijo el coordinador del INTA.

En esa línea, Ramilo profundizó las metas del ProHuerta: “Aspiramos a establecer una huerta agroecológica en cada escuela del país y, al mismo tiempo, crear 350 grupos de abastecimiento local y 10 bancos de producción de semillas para que los insumos estén verdaderamente en manos de los productores”.

De acuerdo con el coordinador, el impacto del programa puede explicarse por dos características centrales: “Una asociación civil virtuosa, que aprovecha el sistema de extensión del INTA, que tiene presencia en todo el país con 359 agencias y 7.000 profesionales que permiten llegar con contundencia a cada rincón de la Argentina”, explicó Ramilo. Asimismo, declaró: “Contamos con una red de 8.500 promotores voluntarios que son la clave del éxito del programa y que nos permiten trabajar codo a codo con nuestro público objetivo: las familias vulnerables de zonas rurales, urbanas y periurbanas, así como los agricultores familiares, campesinos e indígenas”.

Por su parte, la subsecretaria Volpato se refirió a los distintos ejes de acción del MDS, entre los que destacó a los comedores escolares: tienen presencia en más de 11.100 escuelas de todas las provincias, que benefician a 1,6 millones de alumnos.

Además, Volpato se refirió al programa por el cual se distribuyen 1,2 millones de tarjetas alimentarias destinadas a la compra de alimentos, por un valor de 1.500 millones de pesos. Del mismo modo, la subsecretaria detalló el eje de abordaje comunitario que ofrece prestaciones alimentarias en 1.270 organizaciones sociales y permite alimentar a 202 mil diariamente.

Por su parte, Rocha presentó el plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional de Brasil, que enfatiza la inclusión productiva rural. En esa línea, Rocha explicó que una de sus prioridades también se asocia al acceso al agua: “La demanda es muy grande: en Brasil, más de dos millones de familias rurales no tienen acceso al agua”. A su vez, advirtió: “En la región amazónica, el agua tiene mucha materia orgánica y por eso debe ser filtrada”. Rocha agregó que, desde el programa Cisternas, se promueven unas 190 mil tecnologías sociales de acceso al agua para la producción.

En el caso de las cisternas de placa, cuyo modelo de producción fue tomado por el INTA para aplicarlo en sus obras de captación de agua de lluvia, las distintas alternativas tienen un costo de entre 2.200 y 4.500 dólares, de acuerdo con la capacidad de almacenamiento. La propuesta de participación comunitaria permite que los propios beneficiarios de esa mejora de infraestructura participen de su construcción, adquieran esas capacidades y conocimientos y luego aprovechen ese capital como impulso para el desarrollo local.

El ministro de Desarrollo Social y Agrario de Brasil, Osmar Terra, tuvo a su cargo la apertura de la jornada y se refirió a la iniciativa Bolsa Familia, un programa de inclusión establecido en 2003, con características similares a la Asignación Universal por Hijo y que suma más de 13,4 millones de beneficiarios.